[versión alemana de este artículo con anotaciones más extensas]
El Fondo Monetario Internacional (FMI) llama ahora a sus Servicios Reforzados de Ajuste Estructural “Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza” . También el banco alemán “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW, Instituto de Credito para la Reconstrucción) quiere en el futuro colocar como meta principal de sus actividades de política de desarrollo “la lucha contra la pobreza”. Aparentemente esta última institución no necesita un cambio de su imagen. En Alemania la crítica acerca del papel de los países industrializados dentro de la (nueva) formación de la economía de mercado de los así llamados “países en desarrollo” se limita, la mayoría de las veces, a organizaciones como el FMI, el Banco Mundial o la OMC. Los protagonistas actuales en este proceso, como por ejemplo el “Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung” (BMZ, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo) o la KfW no han recibido casi críticas. Injustamente juegan los proyectos financiados por la KfW en algunos países, como lo demuestra el ejemplo de Nicaragua, un papel central en la realización de los criterios de mercado capitalistas y con ello en la reducción de los derechos sociales.
Desde 1996 la KfW está poniendo a disposición casi 40 millones de euros para el saneamiento del sistema de agua potable y de aguas servidas en las ciudades nicaragüenses de Matagalpa, Jinotega y Corinto. Lo que a primera vista parece una medida razonable, porque es necesaria, se manifiesta, si se examina a fondo, como un cambio de graves consecuencias en la situación del abastecimiento de poblaciones que actualmente están económicamente marginadas.
El abastecimiento de la población con agua potable garantizado públicamente no ha sido solamente una meta política del gobierno sandinista durante los años ochenta. Esta garantía recibió incluso rango constitucional junto con la prohibición en 1987 de enajenar la infraestructura estatal (que atañe al abastecimiento de agua). El artículo 105 correspondiente está todavía en vigor. A pesar de las condiciones-marco legales se le prescribió a Nicaragua en 1999 un programa de ajuste estructural del FMI que conduciría a la privatización del sector de abastecimiento de agua. La KfW junto con el Banco Interamericano de Desarrollo estaría apoyando este proceso.
Junto con la financiación de un proyecto de saneamiento, en el cual también se prevé que junto con la renovación de cañerías y tanques se instalen medidores de agua, la KfW intentó “apoyar” en el ámbito ideológico para poder con ello definir los objetivos del proceso de privatización. Según propias publicaciones se debería, por ejemplo, “aumentar la disposición de pago” para así garantizar el éxito del proyecto. Del mismo modo indica que es necesario incluir “una empresa privada con experiencia internacional a través de un contrato de gestión”, para así, por ejemplo, lograr que se apliquen los aumentos tarifarios mensuales contenidos en el programa de ajuste estructural desde el 1,5 por ciento hasta cubrir los costos corrientes. Sin embargo, queda la interrogante por parte de la KfW, de cómo se puede aumentar “la disposición de pago” en una población donde el 80 por ciento vive en pobreza y a lo que se debe de añadir que en una provincia, Matagalpa, hubieron muertos por inanición después del colapso del mercado del café en los años 2002 y 2003. Esta exigencia muestra evidentemente un cinismo increíble con el cual la KfW desmiente las realidades sociales.
Se pueden prever las consecuencias sociales que se esperan de un abastecimiento apoyado solamente en una eficacia económica de mercado. Son evidentes las experiencias hechas con la “modernización” y privatización de la distribución de energía eléctrica, donde la KfW apoyó con una suma de decenas de millones y que según la propia descripción realizada por la KfW serían “la piedra angular para un abastecimiento de energía sostenido y mejorado”. Organizaciones en pro de la defensa del consumidor y clientes informaron acerca de drásticos aumentos tarifarios, cortes del suministro de corriente eléctrica, facturas excesivas y simplemente falsas así como de estaciones de distribución defectuosas cuya reparación no es rentable, con lo que se separaron comunidades completas de las redes de energía eléctrica recién saneadas. Además la sociedad proveedora de distribución de energía eléctrica, Unión Fenosa de España, tiene evidentes dificultades por lo que se teme que se presente una racionalización general de energía eléctrica. La KfW no refuta esto. Como si lo que valiese fuera desenmascarar la propia demagogia de la “lucha contra la pobreza” la KfW ha llegado a la conclusión en la evaluación del proyecto correspondiente a que mirando retrospectivamente solamente ha surgido un único problema general: la falta de acción legal contra la conexión clandestina de líneas eléctricas añadiendo que en el futuro debería ser prerequisito para el desembolso de los fondos para proyectos.
En la realización de las ideas económicas de mercado de la KfW, también en el ámbito del abastecimiento de agua, solo les quedaría a los afectados, en mucho de los casos, renunciar al agua potable, lo que conllevaría a desastrosas consecuencias higiénicas y medicinales. Para los un poco mejor situados significaría reducir más ampliamente todos los demás gastos como comida, vestido, energía o educación para que así la factura mensual de agua pueda ser cancelada.
Otro punto importante (y medido con relación a los gastos en Nicaragua sobre todo desde el punto de vista ideológico) en el compromiso de la KfW lo conforma la así llamada protección de recursos naturales. El proyecto modelo, que es financiado por la KfW con 2,6 millones de euros, es el proyecto de la “Gesellschaft für technische Zusammenarbeit” (GTZ, Sociedad Alemana de Cooperación Técnica) y del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) en la reserva de biosfera de Bosawas al norte del país. La meta del proyecto sería, entre otras cosas, la “protección y la explotación adecuada, compatible con el medio ambiente de los recursos naturales” en la reserva que tiene una extensión de 21 000 km2. Una gran parte de los medios que están ya a disposición para la realización de las así llamadas “medidas de protección” según informaciones propias son demarcaciones, construcción y equipamiento de puntos de control, aprovisionamiento de vehículos, botes y medios para la comunicación. Aunque la KfW formula también en su descripción del proyecto (y de manera muy actual) que se desea mejorar las condiciones de vida de la población local, es una realidad sin embargo la agudización de las contradicciones sociales a través de la implementación y la “protección” de la reserva.
Bosawas no solo es una de las regionas mas lejanas de Nicaragua, sino también una zona marginal del país. No menos de tres organizaciones armadas estuvieron activas en esta región durante los años noventa, que si bien con diferencias ideológicas tienen el mismo origen social: la exigencia de tierras que les fueron prometidas por el gobierno pero que nunca obtuvieron. Cuando la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro firmó el 31 de octubre de 1991 el decreto para la construcción de la reserva natural, esto ocurrió en abierta contradicción con los intereses de muchas de las personas que allí vivían. En vez de recibir la tierra prometida, lo que siguió fue una limitación de las posibilidades de uso tanto en la agricultura como en la silvicultura, y sus formas de explotación constituyeron a su vez una amenaza, frente a la cual la reserva de biosfera debía de ser protegida.
Esta “protección del medio ambiente” planteada por el Gobierno nicaragüense es dudosa. Muchos hechos indican a una valoración económica que da prioridad a los usos futuros de la mercancía “biodiversidad” antes que a la deforestación industrial así como a la utilización agrícola. Por otra parte se manifiesta abiertamente de la misma manera el interés económico de la biodiversidad. Refiriéndose a la actividad de la GTZ en Centroamérica la Embajada alemana en Costa Rica escribe: “para contrarrestar la pérdida de la biodiversidad se pretende a largo plazo, dentro y fuera de las reservas naturales, impulsar la aplicación de formas de utilización de los recursos que sean entre ellas compatibles, que no dañen el medio ambiente y a la vez sean productivas en los así llamados “corredores biológicos” y garantizar una utilización económicamente atractiva y duradera de la biodiversidad.”
Por lo tanto, es de esperarse un escepticismo frente a las presentaciones oficiales ya que la protección del biocorredor centroamericano es una pieza integral del proyecto de infraestructura “Plan-Puebla-Panamá”. Este proyecto iniciado a finales de los años noventa apunta a aprovechar Centroamérica económicamente y a aprovechar sus recursos naturales. Críticos advierten en estos momentos de una comercialización de la riqueza biológica de la región e indican que “gran parte de las organizaciones que se comprometen en las reservas naturales (inversores, las así llamadas ONGs dedicadas principalmente para la protección del medio ambiente y las grandes corporaciones genéticas como Monsanto, Syngeta, Pulsa, etc.) tienen intereses económicos de explotar y patentar las plantas existentes o genes individuales.”
Ante este trasfondo tampoco sorprenden las acciones realizadas por el Gobierno nicaragüense que acompañan las “medidas de protección” financiadas por la KfW. Se prevé que estas acciones eliminen aparentemente los “riesgos” de una comercialización futura y a la vez eviten los giros sociales de la KfW. El 15 de mayo de 2003 se comenzó la reubicación forzosa, apoyada en parte de gran cantidad de policías y militares, de campesinos que se habían establecido en los años anteriores en la región. Está previsto expulsar a alrededor de 600 familias (es decir, varios miles de personas) según informaciones de Eduardo Marín, Ministro de Ambiente y de los Recursos Naturales sin que el gobierno pueda o quiera garantizar a estas personas una posibilidad de existencia en otro lugar.
Mientras que son evidentes las consecuencias negativas de las reformas económicas y sociales (que se llevaron a cabo bajo la cooperación de la KfW), los trabajos previos para el próximo gran proyecto se acaban de concluir. Para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en la capital nicaragüense de Managua la KfW pone a disposición poco menos del 40 por ciento de los 70 millones de dólares estadounidenses calculados en total. La KfW elogia este proyecto como paso para el “saneamiento del Lago de Managua” y destaca su uso ecológico y sanitario. Sin embargo, la realidad se contradice de todas formas también en este caso. Los mismos responsables de las autoridades de aguas nicaragüenses hablan únicamente de mejoras cosméticas que tendrá la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para la calidad del agua en el altamente contaminado Lago de Managua. A la meta formulada por la KfW y por el gobierno de Nicaragua se añade también impedir que el lago se siga contaminado, meta que por experiencia es refutable. Los medios de comunicación nicaragüenses informaron a finales de septiembre de que aguas servidas de origen industrial tóxicas fueron camufladas sistemáticamente en una vertiente del lago de Managua. Según los pobladores estas aguas servidas provienen de empresas textiles que se sitúan en una zona franca a unos 25 kilómetros a las afueras de la capital. Aparentemente las empresas descargan de esta manera sus aguas servidas ya desde hace meses (con conocimiento y tolerancia del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales). Aunque primero se tengan que comprobar los verdaderos beneficios de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas los riesgos sociales son evidentes. El mismo KfW le da importancia a la constatación de contemplar al proyecto en relación a los avances de la “reforma” del sector de agua. Puso por lo pronto debidamente en claro, durante la fase de planeación, que la financiación del proyecto dependería de su “sostenibilidad”. Concretamente exige de las autoridades nicaragüenses aumentar la tarifa de agua durante la aplicación del proyecto en alrededor del 250 por ciento así como privatizar la administración. Al fin y al cabo lo que rige es lograr que el abastecimiento de agua potable así como la eliminación de las aguas servidas se vuelvan lo más rentables posible para poder garantizar tanto el mantenimiento de las instalaciones como también el reintegro de los créditos.
Un punto a destacar es que la KfW con el proyecto en Managua se mantiene fiel a su ámbito de trabajo “agua”. Es algo comprensible. No solamente publicistas nicaragüenses indican que en el futuro los recursos naturales, sobre los cuales los Estados centroamericanos aparentemente disponen por el momento en gran cantidad (agua y biodiversidad), serían codiciados ya que podrían convertirse en materias primas escasas. La KfW ha aportado de todos modos, por medio de los proyectos financiados por él, que se promueva la “inversión” y con ello la durabilidad del comercio (internacional) de dichos bienes para poder así, de esta manera, preparar un mercado en el cual los “global player” alemanes vean también su futuro. Las experiencias de los proyectos hasta ahora realizados muestran quien es el que se va a quedar a medio camino.
Y para no ser injustos: de los seis proyectos de la KfW, realizados en Nicaragua (en 2004), solo uno de ellos (aparentemente) se preocupa, por lo menos indirectamente, por la lucha contra la pobreza: la participación en los así llamados Fondos de Inversión Social de Emergencia (FISE). La KfW reconoce en ello de manera picante que la implementación de estos fondos, que debería permitir que la población empobrecida tenga mayor facilidad para “acceder a infraestructuras sociales y económicas” estaría unida casualmente con la necesidad de “una disminución de las consecuencias negativas a corto plazo de los programas estructurales profundos de ajuste”. Sin embargo, es de dudar si este compromiso es suficiente, es decir, si en realidad es adecuado para compensar las limitaciones sociales futuras de las cuales la KfW sería responsable.
[publicado en alemán en la revista ILA, numero 272, febrero de 2004, Bonn, Alemania (www.ila-web.de)]
La “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, KfW, que pertenece al sector público, puso a disposición en el año 2002 casi 1300 millones de euros para “promover a los países en desarrollo”, de los cuales aproximadamente se dispusieron a mitades iguales para créditos y subvenciones. La KfW se convierte así en la institución más importante en la así llamada “cooperación para el desarrollo” de la República Federal de Alemania. Según su propia descripción promueve, por encargo del Gobierno federal alemán “inversiones así como también programas de reforma macroeconómica y sectorial en los países en desarrollo”, que actualmente abarcan 1408 proyectos en 109 países.
Sin embargo, si se mide el sector de “ayuda para el desarrollo”, que cuenta únicamente con una participación de 2,5 por ciento dentro de la KfW en relación con el volumen total de subsidios, se puede observar que este sector juega un papel de menor importancia. Las tareas primordiales de la KfW son poner a disposición créditos dentro del marco de la así llamada “promoción de la inversión en Alemania” (con un volumen total de 46 mil millones de euros) así como la “financiación para la exportación y proyectos” (seis mil millones de euros). Institucionalmente son evidentes por lo tanto la promoción pública de la economía (y exportación) alemana así como la “ayuda para el desarrollo” estatal. Aparentemente nadie se ha dado cuenta de un problema: por el contrario, la ampliación de estructuras económicas privadas dentro de la “cooperación para el desarrollo” se la define expresamente como meta. Solamente en 2002 la filial de la KfW, la “Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH” (DEG, Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo), promovió “proyectos de desarrollo” económicos privados con 460 millones de euros. Además la DEG participó activamente en el marco del programa iniciado por el BMZ (Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo) para la “Cooperación Público-Privada” (Public Private Partnerschip, abreviado PPP). Estas cooperaciones tienen la meta de lograr que empresas privadas participen en inversiones públicas y que después de la finalización del proyecto, por ejemplo, a través de comisiones reciban de retorno la suma invertida (a lo que se suma la ganancia calculada). Desde 1999 la DEG ha promovido en total 231 de estos “proyectos PPP”.
En vista de la evidente orientación económica de mercado del BMZ, la KfW y la DEG no es sorprendente que gran parte de los proyectos para la “promoción de los países en desarrollo” terminen en países económicamente atractivos de desarrollo intermedio (casi el 30 por ciento de los fondos fueron a parar solamente en los cuatro países meta Turquía, India, China e Indonesia). Se puede por lo tanto deducir que tanto los objetivos estratégicos así como también los proyectos concretos de la KfW fueron desarrollados en estrecha coordinación con el Gobierno federal alemán (en 2004 los social demócratas y los verdes). Después de todo medio gabinete federal se reúne junto con los ministros alemanes Eichel, Clement, Fischer, Künast, Stolpe, Trittin y Wieczorek-Zeul en el consejo de administración de la KfW.
[Todas las citas y hechos han sido tomados de publicaciones de la KfW, sobre todo el “Geschäftsbericht 2002” (Informe de gestión) y del “Jahresbericht über die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern 2002” (Informe anual sobre la cooperación con los países en desarrollo).]